A raíz de la noticia aparecida en varios medios de comunicación acerca de la visita de la Inspección General a la sede de la Dirección General de Patrimonio Cultural para examinar el funcionamiento de ese departamento, Intersindical Servicios Públicos quiere defender el extraordinario trabajo del personal empleado público que trabaja en esa Dirección General y a su vez denunciar el expolio en medios humanos y materiales que este servicio ha sufrido a lo largo de los años por parte de los diferentes gobiernos regionales.
Tras las llamadas de auxilio de parte del personal de la Dirección General de Patrimonio Cultural a esta organización sindical, Intersindical exige a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que, si de verdad le importa el patrimonio cultural de nuestra Región, se deje de proclamas propagandísticas e invierta dinero en unos departamentos culturales cada vez más abandonados y empobrecidos.
Asimismo, ante la constante judicialización de los expedientes de protección de patrimonio y el continuo ataque, con nombres y apellidos, al personal de la Dirección General de Patrimonio Cultural, este sindicato exige al gobierno regional que defienda a sus trabajadoras y trabajadores, que les dé amparo y que dote de medios humanos y materiales los servicios que velan por el patrimonio cultural.
Después de que en 1982 fueran transferidas las competencias en materia de Cultura a la CARM, ésta formó un equipo de profesionales de la Arqueología, Arquitectura e Historia del Arte, apoyados siempre por un gran equipo jurídico y administrativo, creando secciones jurídicas y económicas que pudieran llevar a buen término sus obligaciones.
Todo cambió con las sucesivas crisis, la CARM emprendió una política de "adelgazamiento" y privatización de sus servicios culturales, mermando paulatinamente los presupuestos para cultura, encargando trabajos a equipos y asesores externos que formaron una administración paralela, y destruyendo el equipo que se había formado, que cada vez disponía de menos recursos y menos personal.
Ya en 2007 se dictó la nueva Ley de Patrimonio Regional, en la que se incluía la necesidad de estudios de paisaje, de la protección del patrimonio etnográfico, industrial e inmaterial, pero que, al no llevar aparejado un estudio económico para su implantación, tampoco tenía previsto la contratación de personal especializado en el Servicio de Patrimonio, con lo cual, estas nuevas obligaciones recayeron en los recursos humanos existentes.
Intersindical quiere denunciar que a partir de ese momento el expolio del Servicio de Patrimonio por parte de la CARM fue continuo e intenso: se eliminó a casi la mitad del personal administrativo, el presupuesto es casi inexistente y la responsabilidad de la tramitación de unos expedientes patrimoniales de una extrema complejidad jurídica y técnica recae siempre sobre el personal técnico, que no tiene un Consejo Asesor Regional de Patrimonio, eliminado hace más de 20 años, que apoye y oriente las decisiones del Servicio de Patrimonio.
A esto se suma una incesante judicialización de los expedientes, cuyas denuncias van con nombres y apellidos, es decir, contra un personal funcionario exhausto, desbordado y muy desmoralizado.
A pesar de ello, durante el año 2020 en el Servicio de Patrimonio se han abierto más de 1000 expedientes, y durante lo que llevamos del 2021, ya más de 500, todo ello, como decimos, con cada año con menos presupuesto y personal, con una situación de pandemia que ha puesto en peligro la salud de unos trabajadoras y trabajadores que tienen que compartir estancias de pocos metros cuadrados en un edificio de la Casa Díaz Cassou sin las necesarias medidas de seguridad y salud en el trabajo, al tiempo que han ido cambiando de titularidad de Consejería en varias ocasiones: unas veces con Educación, otras con Turismo, Medio Ambiente o Portavocía… Un caos en el que el personal y sus expedientes debieron ir de un lado para otro en más de seis ocasiones.
Después del último cambio de titular en la Dirección General de Patrimonio Cultural, en el que Rafael Gómez ha dejado paso a Rosa María Campillo, Intersindical quiere remarcar que de nada sirve cambiar nombres, lugares o jefaturas porque lo que está en peligro es el patrimonio cultural de nuestra Región, un patrimonio que se percibe por el Gobierno Regional como un recurso turístico, electoral o de propaganda, y no como un elemento fundamental, parte de nuestra historia que debemos preservar.
Esta organización sindical, de esta manera, exige al gobierno regional murciano que defienda a su personal empleado público, que les dé amparo jurídico, que dote de medios humanos y materiales los servicios que velan por el patrimonio cultural e incluso que emita un comunicado apoyando el trabajo de un personal que se dedica ni más ni menos que a salvaguardar el patrimonio cultural de nuestra Región.
